NOTA DE PRENSA DE LA PECCEM (26-4-2013)
La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) denuncia ante los medios de comunicación el grave escándalo de salud pública que supone el hecho de que el Ministerio de Industria fomente el sistemático despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, como es el caso de la cuarta generación 4G de telefonía móvil, a sabiendas de los graves riesgos que supone para la población la exposición a las radiaciones electromagnéticas generadas en las mismas.
Desde
el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de
Medio Ambiente se ha trasmitido a los 27 estados miembros de la Unión
Europea la necesidad urgente de poner en marcha
medidas precautorias para proteger a la población de este factor de
riesgo. Esto se fundamenta en el Informe Bioiniciativa acerca de las
pruebas científicas de los efectos sobre la salud por la exposición a
radiaciones electromagnéticas, el documento más importante
hecho hasta el momento según el Parlamento Europeo, basado en la
revisión de más de 3800 trabajos científicos, el cual afirma que no se
puede contar con ninguna seguridad respecto a la exposición crónica a
radiaciones inalámbricas como las de la telefonía
móvil, teléfonos inalámbricos y el wi-fi. También advierte de la
imperiosa necesidad de rebajar drásticamente los límites de radiación
actuales, los cuales no protegen a la población por ser obsoletos y
estar erróneamente fundamentados . Además, la Agencia
Internacional de Investigación del Cáncer organismo de máxima
referencia internacional dependiente de la OMS, ha clasificado las
radiofrecuencias como posibles carcinogénicas.
El enorme costo para la sociedad y el impacto en el sufrimiento humano que supone no tratar este problema exigen la intervención de los organismos públicos encargados de la protección de la salud pública, que deben de actuar sobre la base de las pruebas disponibles, tal y como apunta el Informe Bioiniciativa. Por ello debe de seguirse el ejemplo de Israel, cuyos ministerios competentes, apoyándose en el mismo principio de precaución recogido en el Tratado de Maastrich y en nuestra Ley General de Salud Pública, se oponen a la introducción de estas nuevas infraestructuras.
Es hora de que, tal y como recomienda la Resolución 1815 del Consejo de Europa, los ministerios competentes hagan campañas informativas para alertar a la población de estos riesgos, respetándose el derecho de la población a ser informada de los mismos recogido en la Ley General de Salud Pública, y también de que se solucionen los conflictos de intereses, restableciendo la independencia de los científicos que valoran los riesgos, con el objetivo de que primen los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos de la industria de las telecomunicaciones.
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